Aunque elenvío de material militar hacia Ucrania reabre ahora el debate social sobre la transacción de armamento entre países, el BBVA y el Banco Santander llevan destinando conjuntamente más de 20.000 millones de dólares a empresas con negocios en el campo del armamento en los últimos siete años, cantidad que equivale a 18.713 millones de euros. Concretamente, en este período, BBVA habría aportado 10.980 millones de dólares a estas corporaciones mientras que el banco Santander lo hizo con 9.622 millones, ya sea con concesión de créditos o con participaciones accionariales.
Así lo denuncia la campaña Banca Armadaimpulsada por entidades pacifistas como el Centro Delàs de Estudios por la Paz y Setemos, que han participado en una base de datos global. Lo han hecho con información a partir de informes internacionales sobre los principales bancos, grandes empresas aseguradoras, fondos de inversión, fondos de patrimonio soberano, fondos de pensiones e instituciones públicas de todo el mundo. En la plataforma se puede encontrar información de entidades financieras de 56 países, 42 de las cuales operan en el Estado español. La principal fuente de la base de datos son los sumarios que publica la organización neerlandesa por la paz Pax, con la colaboración de Ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, en inglés). La última versión de la base de datos de Banca Armada recoge información hasta el año 2019, a pesar de que la información global de Pax a la que ha accedido NaciónDigital ya está actualizada hasta 2021.
El siguiente gráfico muestra las 25 entidades financieras operantes en el Estado que más dinero destinaron a empresas de armamento en el período de 2014 a 2019. Según la base de datos del Centre Delàs, bancos como BBVA (5.011,3 millones de dólares invertidos) o el Santander (3.294,7 millones) encabezan este ranking junto a entidades empresariales públicas como la SEPI, la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (3.596,2 millones). Estas tres empresas distan mucho del resto de entidades financiadoras, que cuentan con volúmenes de inversiones más bajos. La sucursal española del banco francés BNP Paribas se sitúa en cuarta posición, con casi 423,8 millones de dólares invertidos en este período, muy por encima de otras entidades del Estado como Banco Sabadell (191,1 millones) o CaixaBank (140,9 millones).
Dos integrantes del proyecto Banca Armada, formado por nueve ONGs de todo el Estado, asistieron el pasado 18 de marzo a la Junta de Accionistas del BBVA en representación de 24 accionistas críticos. Koldobi Velasco y Jon Narváez denunciaron el «cinismo» de la empresa para crear una campaña de apoyo a las víctimas de la invasión de Ucrania mientras financian con más de 5.421 millones de dólares (entre 2019 y 2021) a compañías que operan en la industria armamentista. Las relacionaron directamente con la militarización de fronteras en el sur de Europa y con la fabricación de armamento nuclear.
De hecho, a pesar de las cifras globales de similar magnitud, la situación del BBVA y el Banco Santander en cuanto a los vínculos con empresas que operan en el sector militar presenta matices. En el caso de la segunda entidad, las participaciones están muy repartidas con la empresa Thales en primer lugar (652,7 millones de dólares, entre 2014 y 2019), que se dedica a sistemas de información para el campo aeroespacial, de la defensa y de la seguridad. Por detrás, se sitúan Azafrán (487,6 millones de dólares) y Boeing (417,7), fabricantes de aviones con divisiones en la aeronáutica militar, al igual que AirBus (331,4), en quinto lugar.
Por el contrario, en el caso del BBVA, el 50,5% de los 5.011,3 millones identificados se destinan a una sola compañía, General Dynamics, una de las mayores contratistas del mundo en el campo militar, produciendo vehículos blindados, cañones, armas ligeras, bombas y todo tipo de explosivos y submarinos nucleares. Las entidades financieras del Estado operan con un total de 21 empresas que operan en el sector armamentístico, entre las que también se encuentra Indra, compañía con participación pública que centra parte de su actividad en la electrónica militar, mediante la creación de simuladores de vuelo, tiro y programas de defensa electrónica. En el caso del Sepi, sus recursos se destinan mucho mayoritariamente a AirBus y, en menor medida, a Indra.
Los procesos más comunes de financiación son la concesión de créditos; la emisión de bonos, acciones y pagarés por parte de las empresas de armamento; o con la participación a partir de fondo de inversión o incluso de fondo de pensiones. Segundos Eduardo Aragón, técnico de proyectos y administración del Centre Delàs, estos datos no son públicos: «Los conseguimos mediante la contratación de servicios intermediarios de consulta de bases de datos privadas (Bloomberg o Thompson Reuters, principalmente)». Por otra parte, muchos de los datos provienen de la campaña «Don’t Bank on the Bomb», impulsada por Pax e Ican, que también trabaja con servicios intermediarios para tener acceso a los datos en bruto.
En cuanto a las empresas financiadas que no se dedican exclusivamente al negocio de las armas, no puede saberse si una entidad financiera colabora concretamente con su división armamentista. «Los datos que nos facilitan no permiten llegar a ese nivel de concreción en muchas ocasiones», sigue Aragón. Sin embargo, el activista de Banca Armada argumenta que, si una entidad apoya a uno de estos conglomerados, «también está participando en el negocio de la fabricación de armamento», ya que estas actividades están controladas al 100% empresa matriz con la que colaboran.
