En medio de un conflicto enquistado con los sindicatos educativosel acuerdo con los municipios para garantizar la escolarización gratuita en el P2 da aire al consejero Josep González-Cambray, el dirigente que más desgaste acumula del Gobierno. En la comparecencia que ha hecho este lunes en el Parlament, ha sacado pecho de una medida que ha reivindicado como beneficiosa en términos pedagógicos, de reducción de desigualdades y de conciliación. Consciente de que algunos municipios, especialmente Barcelonaseñalan la financiación de 1.600 euros por curso y alumno como insuficienteCambray ha asegurado que todos los municipios recibirán «más dinero» de lo que en estos momentos pagan las familias y que éste estará blindado de cara a los próximos años.
El viernes, haciendo referencia a las críticas que llegan del Ayuntamiento que gobierna Ada Colau, Cambray precisó que Barcelona recibirá otros 4,5 millones de euros de lo que ahora pagan las familias, un anuncio que desde el consistorio consideran que en ningún caso se producirá en base a los cálculos realizados. Además, precisó que los consistorios no tendrán que avanzar la financiación para garantizar la gratuidad de la escolarización para las familias porque la Generalitat pagará en base a anticipos calendarizados. En todo caso, ha subrayado que la comisión de seguimiento que se va a crear deberá servir para, si se detecta que en algún ayuntamiento no se cubre la financiación de la escolarización, «analizarlo y realizar los ajustes que se crean convenientes». Pese a apoyar la medida, el PSC ha subrayado esta «insuficiencia» de los recursos aportados por la Generalitat para garantizar una gratuidad que consideran que debe ir acompañada de la universalización.
Cambray ha subrayado que el compromiso del Govern es ir ampliando la gratuidad del P2 en los otros dos cursos de la educación infantil de los 0 a los 3 años en función de la disponibilidad presupuestaria y que, en el caso de las familias que tengan que optar por una guardería privada se abaratará el coste con una reducción de 800 euros anuales por alumno. También ha señalado vía fondos europeos los ayuntamientos podrán optar a subvenciones para poder crear nuevas plazas de guarderías durante los próximos tres años. Podrán crearse hasta 10.500.
Cambray ha enmarcado la gratuidad del P2 en el paquete de tres medidas que deben promover una «transformación» que traerá «un cambio de paradigma» en el escenario educativo catalán. Las otras dos son el plan para reducir ratios y el de la lucha contra la segregación escolar. El conseller aseguró que, si bien es cierto que existe una caída demográfica, se pudo continuar sin reducir ratios. En cambio, ha defendido que «con menos alumnos, se harán más grupos y habrá más maestros». «El horizonte es reducir las ratios a 20 en todas las etapas educativas», ha dicho reconociendo, sin embargo, que no se podía fijar un calendario concreto.
Respuesta a diez de las 14 demandas de los sindicatos
El conflicto abierto por los sindicatos educativos con la conselleria está enquistado. Las negociaciones no han dado frutos y, frente a este escenario, Cambrayque este fin de semana ha recibido el apoyo explícito de la cúpula de ERC, ha reivindicado que su departamento está dando respuesta a 10 de las 14 demandas por la que se convocó la huelga de cinco días. Sin embargo, hay un punto que ha dejado claro que queda inamovibleque es eladelanto del calendario escolar una semana desde septiembre, una cuestión que los sindicatos reclaman que debería aplazarse.
Cambray ha comparecido en comisión en el Parlament con vocación de defender las medidas que está impulsando la conselleria de Educación pese a la beligerancia de los sindicatos, que siguen pidiendo su dimisión. El dirigente, que cuenta con el apoyo granítico del presidente Pedro Aragonés, ha negado que tome decisiones sin dialogar, como le recriminan los sindicatos. «Salvo el calendario, encuentren un ejemplo donde no haya existido el diálogo», aseguró ante el resto de grupos de la oposición, a los que emplazó a poner algún ejemplo. El conseller también ha señalado que los sindicatos no se hayan vuelto a presentar en la mesa de negociación: «Estamos en la mesa y no se presentan».
A la hora de desglosar cómo han negociado con los sindicatos, Cambray ha precisado que han hecho hasta tres propuestas distintas al comité de huelga y que la última de ellas supone una inversión adicional de 500 millones de euros en los próximos tres años. Siete de las demandas atendidas, ha dicho, se encauzarán el próximo curso, mientras que otras tres están candelarizadas. En cuanto a las no atendidas, la de invertir un 6% del PIB en Educación ha dicho que requiere de un «acuerdo de país» y que hay quien responde a una mirada pedagógica discrepante, como la revocación del decreto de plantillas. En todo caso, el punto candente de desacuerdo también se mantiene en el calendario escolar, que Educació anunció que se adelantaría en una semana el próximo curso sin haberlo acordado antes con los agentes educativos, una acción que fue el detonante de la convocatoria de la huelga.
«No hay nadie que diga que no es una buena medida para el alumnado», ha defendido Cambray, que ha subrayado que se acorta la desconexión del verano y que beneficia al alumnado vulnerable. A partir de aquí, ha explicado que el ofrecimiento a los sindicatos es que se ajusten las decisiones para poder aplicar de forma eficiente el calendario, además, precisó que el mes de septiembre no será como el mes de junio, sino que el alumnado hará «el mismo horario que en octubre y con el 100% de gratuidad». Los comunes le han reclamado a Cambray que aplace la aplicación del nuevo calendario, como aprobó el Consejo Escolar, y la CUP le ha reprochado que la venda como una medida «feminista» señalando que las familias no tienen una jornada compactada para acompasarse con la jornada intensiva que se hará durante el mes de septiembre.El conseller ha replicado que el adelanto del curso supondrá una «semana más de conciliación» para las familias.
El nuevo marco normativo para proteger la inmersión
Cambray también ha defendido el impulso del nuevo marco normativo para proteger la inmersión lingüística en la escuela catalana. Reivindicó que el decreto anunciado por el Govern permitirá «reafirmar» el modelo y dar «protección jurídica» a los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Además, subrayó que se evaluarán anualmente estos proyectos en base a indicadores objetivos. El conseller también ha desgranado el plan para reforzar la presencia del catalán en las aulas incluyendo un proceso de seguimiento y evaluación de su aplicación en base a indicadores y criterios objetivos que pueden ser externos o internos. Ha añadido que a la evaluación del aprendizaje se añadirán pruebas orales de lengua.
El conseller también hizo una referencia a la aplicación de los nuevos currículos, de los que ya anunció una moratoria optativa para que puedan ser aplicados de forma progresiva durante tres años. «Entendemos el trasiego a la hora de hacer cambios. Facilitaremos que lo puedan hacer a su ritmo«, aseguró Cambray, quien defendió que no han actuado con «unilateralidad», como critican los sindicatos, y que la prueba es que se ha celebrado un proceso participativo durante el que se han realizado 850 propuestas.
