El miércoles, dos del mediodía. Número 88 de la calle de Pons y Gallarzaen el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Cáritas ha ejecutado el desahucio de una pareja en riesgo de exclusión social de una de sus viviendas protegidas. La Maya y el León, de 57 y 61 años, han abandonado el domicilio después de horas de resistencia vecinal, proclamas y tensión. Ha sido necesaria la presencia delÁrea de Brigada Móvil (BRIMO), aunque el desalojo de las personas concentradas ha transcurrido de forma ordenada y sin incidentes. Se trata de un caso complejo y controvertido.
El desahucio es la culminación del enturbiamiento de una relación que lleva años encallada. Cáritas y la Fundación Vivienda Socialpromovida por la primera, acusan a la pareja de «incumplir sistemáticamente» las condiciones acordadas y de rechazar todas las soluciones que les han propuesto antes de llegar a esta situación límite. Justifican la decisión porque no pueden permitirse «asentar un precedente así» y alegan que se deben a sus donantes, con quienes mantienen el compromiso de «hacer las cosas bien». Sindicato de Vivienda de Sant Andreuque habla en nombre de la familia, denuncia que las entidades «están vertiendo a dos personas vulnerables al sinhogarismo«, el cual «no es justificable en ningún caso». «Quieren desentenderse», entienden.
Cáritas se encuentra frente a una polémica sensible. La excepcionalidad del caso ha generado un importante conflicto social entre los vecinos, que ha ganado bastante en las redes sociales, donde se ha impulsado una contundente campaña de denuncia. Que una entidad social desahucie a una familia en situación de pobreza y en riesgo de exclusión es del todo infrecuente. «En 32 años, nunca habíamos tenido que encontrarnos en una situación de estas características», lamenta la portavoz de la Fundación Vivienda Social, Laura Pujol: «Nuestra reputación está en riesgo«.
Una veintena de personas han resistido de forma pacífica ante la puerta del domicilio. Foto: Marc Orts
Una relación a la deriva
Maia y León llegaron a Barcelona en el 2006, pero hasta el 2013 no se dirigieron a Cáritas para solicitar ayuda en el pago del alquiler de una habitación donde malvivían con su hija, su yerno y su limpio. En 2015, la familia entró en el Programa Oikosde Cáritas y la Fundación Vivienda Social, que les permitió acceder a una vivienda de alquiler protegida, de 280 eurosy al acompañamiento de un educador social, con quien debían trabajar en un plan personalizado de inserción. «Las familias que atendemos están excluidas en muchos ámbitos, no sólo en el económico», explica la Fundació.
En 2017, se tuerce la relación entre las entidades sociales y la familia. Cada parte esgrime unos motivos distintos. Maia y León relatan que la relación de confianza se rompe por la negativa de Cáritas a acoger en el domicilio a otro hijo y los nietos, que habían quedado en la calle. La entidad, a su vez, defiende que la familia empezó a incumplir el plan de trabajo acordado, al tiempo que detectaron un mal uso de la vivienda, problemas de convivencia y una situación de insalubridad. «Con los inconvenientes con los que nos estábamos encontrando, no podíamos dejar entrar a más personas en la vivienda«, argumentan. El Sindicato de Vivienda de Sant Andreu niega estas acusaciones.
Después de meses de reuniones infructuosas, Cáritas planteó en 2019 la voluntad definitiva de recuperar la residencia, para dar entrada a otras familias. En ese momento, la hija y su marido, que habían tenido un segundo niño, accedieron a abandonar el domicilio y trasladarse a otro piso. La organización de la Iglesia católica explica que sufragó la fianza de esta nueva vivienda y asumió los costes de la mudanza. Maia y León se habían quedado solos en el domicilio de cien metros cuadrados, de dos plantas, con capacidad para alojar a ocho personas.
Ante esta situación, las entidades sociales aseguran que les ofrecieron una reubicación en un piso más pequeño en Can Caralleu, en el barrio de Sarrià, si bien no existe ningún documento que lo certifique. «Error nuestro», admite Pujol. Álex Márquez, del Sindicato de Vivienda de Sant Andreu, considera que «una cuestión tan seria exige que se firmen papeles». Después de este episodio, las relaciones se rompieron. «Maia y León se negaron a atender ninguna otra alternativa y nos vimos obligados a iniciar un procedimiento judicial», explica Cáritas.
En 2021, tuvieron lugar dos «intentos de recuperación» del domicilio. El primero fue aplazado en virtud del real decreto-ley 37/2020, que protegía a la población en situaciones de vulnerabilidad social en el contexto de la pandemia y no permitía la ejecución de desahucios. El segundo, a su vez, se detuvo gracias a que las entidades, la pareja y el sindicato llegaron a un acuerdo escrito: Maia y León entregarían las llaves del piso en noviembre y el sindicato se comprometía a encontrarles una nueva vivienda. Sin embargo, el sindicato nunca le devolvió firmado. «Nosotros no tenemos la misma capacidad de Cáritas para conseguir pisosno somos una inmobiliaria», se queja Àlex Martínez.
Los plazos se incumplieron y se prorrogaron en dos ocasiones ante la imposibilidad de encontrar un domicilio alternativo por la pareja. Cáritas y la Fundación Vivienda Social explican que la deuda de la familia, que dejó de pagar el alquiler y los suministros en 2017, escala en los 35.507 eurospero reiteran que «dejar de pagar no es un motivo para echar a nadie«. La pareja no dispone de contratos ni de permisos de trabajo. Sus escasos ingresos provienen de la economía informal. Hasta el momento del desahucio, las entidades han ofrecido hacerse cargo de la totalidad del importe, así como de los primeros meses de alquiler en otra vivienda y de los gastos del traslado.»La propuesta supone pan para hoy y hambre para mañana«, entienden desde el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu.
Acusaciones cruzadas
La Maya ha solicitado recientemente una alternativa residencial digna a Servicios Sociales y en laOficina de Vivienda. Cáritas defiende que la familia no se ha vinculado a ella ni ha solicitado una vivienda pública protegida hasta el último momento. Éstos son dos requisitos iniciales y obligatorios para poder participar en el Programa Oikos. El sindicato lo justifica por la barrera lingüística y digitalal tiempo que acusa a las entidades privadas de «no acompañar» a la pareja en el proceso ya la Administración de «no asumir responsabilidadesSin embargo, afirma que los servicios sociales los conocen «desde hace años».
Por otra parte, el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu asegura que «Cáritas quiere culpabilizar a Maia y León» de toda la situación cuando «es evidente que el programa de reinserción no ha funcionado». «La solución para quien no encaja no es dejarlo en la calle«, lamenta Àlex Martínez. La respuesta de la otra parte es que la pareja se ha negado a recibir a la educadora social desde 2017 y que su cooperación ha sido «difícil».
En tercer lugar, el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu explica que la familia enfrentó el proceso sola hasta el 2020, cuando les pidieron ayuda. «Se les denegó la asistencia jurídica gratuita porque se equivocaron con el trámite debido a los problemas de comunicación», recuerdan. Así se lo han recriminado a la comitiva judicial cuando se ha presentado acompañada de los Mossos d’Esquadra. Finalmente, se ha ejecutado el desahucio más controvertido de Barcelona.