El marzo de 2020 saltaron todos los planes por los aires. La dimensión del coronavirus y de sus efectos sobre la población -ingresos hospitalarios disparados, mortalidad inesperada, confinamiento estricto, actividad económica parada, escuelas cerradas- superaron las administraciones, que debían ir corrigiendo el rumbo a cada nueva decisión adoptada. Se evidenció que, a pesar de los avisos que venían de la China y de la Lombardíase había hecho tarde en la lucha contra el coronavirus. Con este recuerdo todavía vive, la Generalitat ha aprobado este martes un nuevo plan para pandemias que supera los procedimientos del Procicado -protagonista en esta crisis sanitaria- y ya cuenta con la homologación previa de la comisión de Protección Civil. A partir de ahora, aparte, todos los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán que tener un plan concreto para nuevas pandemias.
Estos son los detalles del nuevo plan, que refuerza la autoridad del presidente en caso de tener que adoptar medidas concretas y pone el énfasis en la proporcionalidad de las medidas, que no sólo tendrán en cuenta los criterios sanitarios a la hora de ser adoptadas.
– ¿Cuál es el objetivo del plan? «Apoyar la estrategia de salud pública en la gestión de emergencias asociadas a pandemias o epidemias graves que afecten a Cataluña y contribuir a garantizar el pleno respeto y la menor restricción de los derechos y libertades de las personas, estableciendo la coordinación de los agentes que forman parte del sistema de protección civil y emergencias», señala el texto elaborado por el ejecutivo.
– Proporcionalidad en las medidas. Uno de los puntos del nuevo plan estipula que se debe «velar» para que las medidas de protección a la ciudadanía cumplan con los «principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad»especialmente aquellas que hagan referencia a limitaciones de derechos fundamentales. Una de las críticas que ha recibido el Gobierno en la última fase de la pandemia es que se han adoptado restricciones como el toque de queda como medida de «concienciación», en palabras de expertos del Gobierno como Madga Campins. El plan prevé que haya capacidad de recibir asesoramiento jurídico necesario para garantizar el respeto a los derechos y libertades y la «proporcionalidad» de las decisiones.
– Nuevos criterios para adoptar restricciones. El texto incluye criterios de «vulnerabilidad psicosocial y económica», y no sólo «epidemiológica», en el análisis del riesgo. Por otro lado, se tendrán en cuenta parámetros territoriales en la respuesta a la pandemia. Las diferencias demográficas y geográficas, así como las de movilidad, también formarán parte de la forma de tomar decisiones en caso de nueva crisis sanitaria. Todo se realizará con la ayuda de un nuevo grupo de asesoramiento jurídico en la gestión de la emergencia.
– Más población vulnerable. El nuevo protocolo incluye parámetros sociales en el análisis de datos. Al margen de los grupos de riesgo de población de mayor transmisibilidad, se añade como población vulnerable aquel grupo que no tiene rico de gravedad -los jóvenes, por ejemplo-, pero cuya situación «puede sufrir empeoramientos severos en aspectos socialespsicológicos o económicos» a consecuencia de una futura pandemia.
– La figura del presidente. Según el plan, en cuanto a estructura organizativa, «se institucionaliza el papel del presidente» en la jerarquía de decisión y gestión, especialmente a la hora de adoptar medidas restrictivas que se puedan poner en marcha.
– Evitar desabastecimiento. La idea es institucionalizar la mesa psicosocial y de servicios esenciales que ya ha funcionado durante la crisis del coronavirus con el objetivo de evitar la carencia de productos o servicios básicos. Se trata de «detectar amenazas» y aportar soluciones antes de que se produzcan cuellos de botella o desabastecimientos.
– Prevención forense. Una de las novedades es que el grupo de medicina legal y forense se añade a la estructura del plan de pandemias en caso de que comporte una «mortalidad muy elevada». En la crisis del coronavirus, hasta ahora, han perdido la vida 26.889 personas.
