«Descontrol total«. Así habrían descrito los testigos de este jueves en el juzgado de Tremp la situación que se encontraron en la residencia Fundación Fiella de la ciudad, donde en noviembre de 2020 murieron por Covid hasta 64 personas residentes. Lo ha explicado el abogado que representa a una de las familias afectadas, Xavier Pratspuesto que las personas citadas no han querido dar detalles.
Este jueves han declarado en fase de instrucción dos Mossos d’Esquadra que se hicieron cargo de la investigaciónla entonces gerente de Salud en las regiones sanitarias Lleida y el Alt Pirineu y Aran, Divina Farrenyy la directora que se encargó del centro cuando éste fue intervenido por Salut, Elena Badia. La causa, recordemos, está abierta contra dos extrabajadoras del centro por homicidio imprudente.
Prats detalló que los Mossos ratificaron su atestado, en el que se recoge que no se siguió ningún plan de contención para hacer frente a la pandemia. Según los Mossos, ha añadido, durante los días de más contagios por Covid en el centro, el 26, 27 y 28 de noviembre de 2020, desde la residencia no se entró ningún dato a los programas específicos habilitados por los departamentos de Salud y de Trabajo para llevar un control de los contagios.
La residencia tampoco ofreció ninguna formación a los trabajadores aunque una de ellas, enfermera también del CAP, se ofreció a realizar formación sobre los Equipos de Protección Individual (EPI). «Le dijeron que no era necesario«, ha dicho el letrado. Incluso, ha añadido, había personas del equipo de limpieza trabajando de gericultores, sin tener ningún tipo de formación. «Todo esto provocó la tragedia«, concluye Prats.
Farreny ha hecho unas declaraciones públicas muy breves en las que no ha querido detallar cuáles han sido ni las preguntas que le han hecho ni las respuestas que ha dado por «respeto» al procedimiento. Sí que ha confirmado que se remite a lo que explicó en diciembre de 2020 en rueda de prensaen la que hizo referencia a una situación «descontrolada», puesto que no se habían aislado los contagiados ni los trabajadores hacían uso de EPI, entre otros. Según Prats, Farreny ha declarado que Salut intervino la residencia debido a los elevados casos de Covid que había y que cuando entraron encontraron que no había ningún listado de personal ni de residentes actualizado y que les costó mucho encontrar el plan de contingencia.
En declaraciones a la prensa, el abogado de la que era directora de la residencia en el momento de los hechos, Luís Salasha destacado que las personas que han declarado este jueves han expuesto «manifestaciones de terceros«. En este sentido, dice que habrá que escuchar a las personas que vivieron la situación directamente y niega descontrol por parte de las investigadas. «Fue una situación excepcionaltotalmente incontrolable» y defiende la inocencia de su representada.
Las declaraciones de este jueves se enmarcan en la causa abierta contra dos extrabajadoras del centro por supuestos delitos dehomicidio imprudente y trato degradante a raíz de la denuncia presentada por Fiscalía el 3 de febrero. En cuanto a la otra causa abierta contra las mismas investigadas, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, el juzgado ha llamado a declarar hasta 49 trabajadores de la residencia los días 4, 5, 8, 19 y 26 de abril. Las causas están abiertas contra elex directora técnica del centro y la responsable de Higiene Sanitariaque todavía no han sido citadas a declarar.
El brote, recordemos, tuvo un gran impacto en el centro y causó una gran conmoción en la ciudad: provocó la muerte de 64 de los 142 residentes y, según la denuncia de la Fiscalía de Lleida, en aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real.
Abogados de la acusación particular entrando este jueves en el juzgado de Tremp. Foto: ACN
De entre las muchas irregularidades descritas por la Fiscalíadestacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más cercanos. Ocurrió, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que en aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sedrecoge la denuncia.
Otra de las incongruencias citadas hace referencia a la descoordinación. Era tal, según Fiscalía, que incluso había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días fallecidos. La gestión de los fallecidos por Covid-19 fue caóticasegún la denuncia, hasta el punto de que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos, fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían fallecido y otros no se les avisaba de que su familiar había fallecido.
No había un protocolo de defunción y esto provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus «propios medios»asegura la denuncia.
