La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado de 9 a 3,4 millones de euros la supuesta responsabilidad contable contra los 35 ex altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y de la acción exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
El ministerio público ha presentado su demanda y justifica la rebaja porque se ciñe estrictamente a los hechos probados en la sentencia del Supremo o constatados y atribuibles a personas en concreto, dejando al margen actos culturales y viajes al extranjero donde se defendió el derecho a la autodeterminación. La demanda consta de 130 folios y se agrupa en más de 29 conceptos contables procedentes de la sentencia del Supremo y de la investigación sobre la acción exterior.
La demanda postula la responsabilidad contable de los exconsejeros condenados por el Supremo por malversación: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolores Bassa y Jordi Turull. Se les considera responsables solidarios de los gastos de acuerdo con el criterio fijado en la sentencia del Supremo. La demanda no se dirige contra los exconsejeros absueltos de malversación: Josep Rull, Joaquim Forn, Carlos Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.
La demanda incluye también a los exconsejeros en el exilio que, siguiendo el criterio de la sentencia del alto tribunal, pusieron sus departamentos al servicio «de actos nucleares de ejecución»: el de Cultura, Lluís Puigy el de Salud, Toni Comín. Respecto a estos consejeros no hay pronunciamiento, ya que no han sido enjuiciados, pero sí hay un camino marcado por la sentencia del TS.
La exconsejera de Educación Clara Ponsatí no consta que participara a través de su departamento, por lo que no se formula ninguna demanda contra ella. Al expresidente Carlos Puigdemont se le imputa a la demanda en atención a su condición de responsable máximo de la Generalidad. En la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret no se le imputa un delito de malversación, porque está pendiente de juicio frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). No se formula ninguna demanda contra ella por el momento.
Por otra parte, no se formula ninguna demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuraban en la primera acta de liquidación el tribunal porque, según los informes de los peritos interventores que auxilian a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, no queda acreditado que hayan fiscalizado el gasto en alguna de las fases de ejecución del gasto público.
En cuanto al ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep Maria Jové ya la ex directora de servicios del mismo departamento y actual consejera de Cultura, Natalia Garriga, quedan excluidos de la demanda, ya que a pesar de estar incluidos en el acta de liquidación provisional en relación con los gastos del ‘call center’ habilitado en el CTTI para recoger datos del referéndum, no se incluye en la demanda, ya que no va ser objeto de condena por el Supremo. Es el caso también de Francesc Sutriasex director general de Patrimonio, a quien no se le exige responsabilidad por la exclusión de los gastos relativos a Unipost y en el ‘call center’.
