Sábado 21 de mayoa las seis de la tarde en la Plaza Universidad de Barcelona. La cita es una movilización en defensa del derecho a la vivienda y de protesta contra el encarecimiento del coste de la vida, cuyo lema es «Con estos precios no podemos vivir«. Así lo ha anunciado, ante la delegación del Gobierno, el Movimiento por la vivienda, junto a varios sindicatos, que han llamado a la «unidad» y la «solidaridad» para detener la «cronificación» de la situación de emergencia social en Cataluña. «Saldremos a la calle para erigirnos en un contrapoder efectivo«, ha explicado el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Guillermo Aragonés.
La manifestación se producirá en un contexto pospandémico e inflacionista, que las entidades denuncian que «ha agravado una situación que es ya sistémica». También con la tramitación de la nueva ley española de vivienda, que Guillem Aragonès entiende como «una oportunidad para hacer cumplir los derechos». A su vez, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgadoha exigido a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que «incluyan las enmiendas de la ciudadanía» para evitar que quede en «papel mojado». Del mismo modo, han reclamado a Pedro Aragonés que «la haga cumplir». «Exigimos una ley que garantice el derecho a la vivienda, detenga los desahucios y obligue a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales», ha reivindicado.
La Alianza contra la Pobreza Energética ha denunciado la «insostenibilidad» del aumento de los precios del último año, que «dificulta poder pagar a las facturas y hacer frente a productos básicos». La portavoz, Maria Campuzanoha expresado que la movilización del sábado también debe significar un «aviso» a la Administración para dejar patente que «el actual modelo energético tiene fecha de caducidad«. El representante de la CGT, Iru Brunetha añadido que los salarios «están estancados«, lo que provoca una pérdida de capacidad adquisitiva y «el incumplimiento con un nivel mínimo de bienestar». Yolanda Segurade la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), ha expresado su total apoyo a la protesta y ha alertado de que está en juego la «dignidad como sociedad«.
«Apoyamos la manifestación en clave antirrepresiva«, ha expuesto el portavoz de la Comisión Jurídica del Movimiento por la Vivienda, Max Carbonell. El movimiento denuncia una estrategia de represión global, que consideran reactiva a su crecimiento como contrapoder. Carbonell ha lamentado el aumento de la represión policial desde la llegada de Miguel Sámper al frente de la consejería de Interior, en otoño del 2020. «Desde ese momento, los Mossos d’Esquadra nos identifican, nos graban para elaborar perfiles y nos reprimen económicamente», se ha quejado. Unas actuaciones que «se han mantenido con el consejero Joan Ignasi Elena«, añadió. El movimiento acumula hasta 400.000 euros de multas.