El PP quiere suprimir el Ministerio de Consumo al considerarlo un departamento «inútil y nocivo» que se mantiene sólo «para satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular», Alberto Garzón, a quien acusa de hacer gala de una «frivolidad irresponsable» e incluso de «copiar» al expresidente de la URSS, el dictador Yosif Stalin.
Ésta es la tesis que defiende el PP en la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso para que la Cámara pida al Gobierno que «en el plazo máximo de un mes» elimine este ministerio y adscriba el de Sanidad la Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de Hacienda la Dirección General de Ordenación del Juego.
Los populares registraron esta iniciativa antes de la última polémica protagonizada por Garzón después de su entrevista con el diario británico The Guardian criticando la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas españolas de grandes dimensiones. Unas palabras que han levantado un reguero de críticas no sólo por parte del PP o Ciudadanos, sino también de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, así como de las principales asociaciones agrarias.
El PP sostiene que la mayor parte de las competencias en materia de Consumo están transferidas a las comunidades autónomas y que, por tanto, el de Garzón es un ministerio que no tiene, como demuestra que sólo reciba un 0,014% del total de los Presupuestos por en 2022 (65,76 millones). «Queda patente, en consecuencia, que la prioridad que el ejecutivo español da a la protección de los consumidores en los PGE de 2022 es residual y que su objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más por razones estrictamente políticas», recalca en su iniciativa
Pero, además, el PP desacredita la gestión de Garzón a quien acusa de «desistimiento de responsabilidades» en la protección de los consumidores. En concreto, le señala para protagonizar varias «polémicas escandalosas» que, lejos de «aportar lo más mínimo» a la protección de los consumidores, han «dañado» la reputación de importantes sectores de la economía española.
