Nuevo golpe de la justicia española contra la regulación de los precios del alquiler. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales tres artículos más y parte de otro de la ley catalana de viviendaque limita el precio de los alquileres, la Ley 11/2020 que el propio tribunal ya anuló en gran medida hace unas semanas.
En concreto, los nuevos artículos que ahora se declaran contrarios a la Constitución se refieren al régimen sancionador (artículo 14 y un inciso del apartado 1 del artículo 16), elobligación de realojamiento (artículo 18) y la obligación de formular una oferta de alquiler social en caso de exclusión residencial como paso previo para iniciar el procedimiento judicial de desahucio (artículo 17).
A principios de marzo, lo mismo TC estimó el recurso presentado por 50 diputados del PP y anuló parte de esta ley que este jueves ha vuelto a recortar. La sentencia fue aprobada por unanimidad y fue redactada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel. En total, el TC ya ha anulado diez artículos de la ley, una decisión que en marzo ya provocó un alud de críticas de partidos catalanes y del Sindicato de Alquiladores, que impulsó la medida y que pedía desobedecer la resolución. Y es que con la sentencia de marzo, en la práctica los alquileres ya no podrán regularse.
El Parlamento aprobó la ley en 2020 con los votos de Juntos, ERClos comunes y la CUP. Establecía que cualquier contrato de alquiler de un piso que ya esté en el mercado no podrá subir de precio y obligaba a los propietarios a mantener las cuotas, tanto si el inquilino es nuevo como si se trata de una renovación de los actuales inquilinos.
Además, en caso de que el alquiler estuviera por encima del índice de precios de la Generalitat, debía adecuarse a éste. Los propietarios de los pisos de obra nueva estarán exentos de aplicar la norma en los primeros tres años. Una excepción que fue incorporada a la proposición a petición de la Generalitat con la intención de no perjudicar al sector inmobiliario.
Segundos datos de 2021, el precio del alquiler descendió más en aquellos municipios donde se aplicó la ley y el número de contratos se mantuvo. Concretamente, la normativa obligaba a congelar y bajar el precio de alquiler en las zonas más tensadas de las ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes.
