Los padres y madres de treinta niños de la escuela Turó del Dracde Canet de Mar, han solicitado en la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) personarse como parte implicada en la causa abierta en la que se determinará si el 25% de la enseñanza en un aula de P5 debe estar en castellano. Lo hacen porque se sienten «una parte legítimamente interesada del procedimiento judicial» y con el objetivo de poner de manifiesto la «voluntad mayoritaria» de que se suspendan las medidas cautelares que eliminarían definitivamente el modelo que se aplicaba hasta ahora, señala Helena Díazportavoz de las familias.
Las familias se han organizado después de que en diciembre, aseguran, la resolución del TSJC les cogió desprevenidos para realizar ninguna otra acción, más allá de las protestas a pie de calle. Denuncian que el Departamento de Educación, la familia que demandó la escolarización en castellano, el juzgado ni ningún otro organismo les ha permitido defender sus intereses.
El colectivo exige a la Generalitat que defienda el modelo de escuela catalana y avanza que agotarán todas las vías legales para defender el derecho a que se mantenga el catalán como lengua vehicular. De igual modo, demandan que se retire la obligación de aplicar esta medida hasta que haya una sentencia firme. Díaz avisa que «no callaremos ni asumiremos la utilización política de nuestros niños y niñasno podemos tolerar la imposición de unas medidas cautelares que escapan a todos los criterios pedagógicos y sin ningún argumento lingüístico ni social».
Su representante asegura que se trata de una perspectiva nueva, puesto que nunca se había defendido la intervención de los madres y padres en este tipo de procedimientos y ante una imposición judicial a partir de la petición de una sola familia. A pesar de haber sido impulsada desde un grupo concreto como el aula de la escuela del Maresme, la iniciativa está abierta a incorporar a más madres y padres que se encuentren en la misma situación.
