La Fundación Jaume Bofill ha hecho un llamamiento a revisar la regulación de los conciertos educativos porque la actual acentúa las desigualdades. La organización plantea una regulación más estricta que exija la corresponsabilidad de los centros en la lucha contra la segregación y que permita un mayor control financiero y de función.
El director de la Fundación, Ismael Palacínha afirmado que la situación de Catalunya es «anómala», con un fuerte peso de la concertada, con una normativa desfasada. Entre otros, Bofill plantea que no se renueven ni se den nuevos conciertos si no hay un compromiso explícito deadmisión de alumnos vulnerables según la realidad del entorno y en el camino hacia la gratuidad. La investigación internacional señala además que los sistemas con centros públicos y concertados incrementan la segregación escolar y las desigualdades educativas.
Según el estudio ‘La concertada a debat’, la educación concertada representa a Cataluña el 31,5% del total de la matrículaen el séptimo lugar en el que hay más de entre todos los sistemas educativos de la OCDE, y el porcentaje sube al 54,4% en Barcelona ciudad. Según la Fundación, en la educación infantil de segundo ciclo y en primaria, el sector público matricula 2,1 veces más alumnado extranjero, 1,6 veces más alumnado con necesidades educativas de apoyo y 4,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico.
Según datos de la Fundación, mientras que el sector público representa el 66% de la matrícula, escolariza el 84% del alumnado con beca comedor. Así, el sector concertado debería escolarizar a más de 17.000 alumnos con beca comedor para lograr una distribución equilibrada entre la red pública y la concertada.
La Fundación critica que la normativa que regula los conciertos educativos está «obsoleta» y que esto ha llevado a una situación actual en la que se está contribuyendo a la sobreoferta y la segregación escolar. En concreto, el decreto de regulación es de 1993. Recuerdan que la Ley de Educación de Cataluña de 2009 apostaba por una mayor integración, corresponsabilidad y equivalencia de la red pública y concertada y lamentan que estos mínimos no se han alcanzado.
Palacín ha asegurado que «cuesta entender porque nadie se ha atrevido» a abrir esta regulación y se ha preguntado por qué en el actual mandato no se avanza en la elaboración del decreto de conciertos que se había trabajado durante el anterior legislatura, ya que el sistema actual es una «chapuza». Uno de los autores del estudio, Adrià Zancajo, recordó que un concierto no es una subvención sino un «contrato» entre la Generalitat y un proveedor de un servicio público. Los convenios internacionales reconocen la obligación por parte de los estados de garantizar la libertad de educación, pero este derecho no comporta necesariamente la obligación por parte del estado de financiar la educación privada, apuntan.
Sobreoferta educativa
Uno de los problemas es la sobreoferta de plazas y es que Bofill apunta que el hecho de que la planificación de la oferta no se haga de forma conjunta provoca que la concertada ofrezca más plazas de las necesarias según la realidad de la zona. De hecho, dice que esta sobreoferta estaría en torno al 16% en los últimos procesos de preinscripción. Esto, afirman, repercute negativamente sobre la distribución equilibrada del alumnado y fomenta la competición entre centros. Por eso, plantea la necesidad de establecer ya una planificación conjunta de la oferta educativa pública y concertada, especialmente teniendo en cuenta el bajón demográfico.
Ante esta situación, Bofill pide una nueva regulación que establezca que la autorización y renovación de los conciertos esté supeditada a las necesidades de escolarización de la zona y al cumplimiento de la corresponsabilidad. Reconoce que el decreto de admisiones aprobado recientemente supone un paso adelante pero consideran que no se está aplicando con la diligencia que sería necesaria, según ha apuntado una de las autoras del estudio, Clara Fontdevila.
Cumplir con la corresponsabilidad
Por tanto, piden que la autorización o renovación se haga si realmente existe una falta de oferta, que se garantice la distribución equilibrada del alumnado y siempre y cuando no se afecte negativamente a la oferta pública del entorno. Además, los centros deben comprometerse a cumplir unos criterios de corresponsabilidad en la escolarización del alumnado desfavorecido o con dificultades de aprendizaje y al principio de gratuidad, también con un acceso equitativo a las actividades complementarias.
En este sentido, Bofill se muestra favorable a facilitar los procedimientos de integración de centros concertados en la red pública con convocatorias abiertas con periodicidad fija, así como establecer mecanismos de salida del sistema de conciertos hacia la red privada independiente. Y es que Fontdevila ha asegurado que hay centros que están recibiendo dinero público que no tienen voluntad de cumplir con esa corresponsabilidad.
Por la eliminación de las cuotas familiares
Ante esta situación, Bofill apunta que la regulación también debe permitir condicionar la financiación pública de los centros concertados a su corresponsabilidad en la lucha contra la segregación escolar ya la progresiva eliminación de cuotas y contribuciones familiares. Al respecto, apunta que hay centros que cobran cuotas de entre 500 y 930 eurosque aseguran que no se corresponden «en ningún caso» con la potencial infrafinanciación del sector concertado y que suponen una barrera de acceso y favorecen la segregación escolar.
Constatan esta infrafinanciación, como del conjunto del sistema educativo, pero insisten en que las cuotas están por encima de la diferencia entre financiación pública y costes de escolarización. Por eso, plantean supeditar cualquier mejora de la financiación de los centros concertados a una mayor corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido y con dificultades de aprendizaje.
Además, proponen crear una plataforma única y centralizada de pagos por gestionar todas las aportaciones familiares en las escuelas y un sistema de información y auditoría que permita un mayor control público de los ingresos y gastos en los que incurren los centros concertados.
Regulación siguiendo ejemplos internacionales
La organización cree que es necesaria una regulación en la línea de lo que están haciendo otros países con sistemas mixtos con el fin de conseguir un mayor control público. Piden también un sistema más transparente de rendición de cuentas financieras y una planificación conjunta de la oferta de plazas para evitar la segregación y sobreoferta. Plantean un modelo de autorización, renovación y extinción de los conciertos supeditado a las necesidades de escolarización de cada zona y al cumplimiento de los criterios de corresponsabilidad y gratuidad por parte de los centros.
Además, consideran oportuno establecer un mecanismo centralizado de priorización de solicitudes y asignación de plazas para eliminar las prácticas informales de selección de alumnos por parte de los centros. También creen que es necesario mejorar los sistemas de recogida de datos y monitorización de la población escolar.
