La denuncia que la Fiscalía de Lleida ha interpuesto este jueves contra la residencia Fundación Fiella de Tremp por el brote de Covid-19 de noviembre de 2020 detalla aspectos que demostrarían el desbarajuste y la descoordinación vivida en el centro esos fatídicos días. Según informa el ACN, la denuncia explica que había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación en usuarios que llevaban días muertos. Esto pone de manifiesto, según el fiscal, que no hubo una «asistencia sanitaria real».
Otra de las graves irregularidades que se ponen de manifiesto en la denuncia es la nefasta gestión de los fallecidos y también la comunicación de éstas con las familias. Se afirma, incluso, que algunos familiares tuvieron que entrar en el centro a recuperar cadáveres por sus propios medios. El brote provocó la muerte de 64 ancianos, el 42,95% de los 142 residentes.
Según la Fiscalía, pese a que la situación de pandemia mundial había sido declarada nueve meses antes y que se sabían cuáles eran las consecuencias de un brote de Covid, las denunciadas, que son la directora del centro y la responsable de Higiene Sanitaria, no actuaron como era de prever. Aun así, habían recibido formación y disponían de herramientas suficientes para hacer frente al brote, según el fiscal, pero actuaron con dejadez de funciones y esto habría provocado la rápida transmisión del virus entre usuarios y trabajadores.
Entre las muchas irregularidades que Fiscalía detalla en la denuncia, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más cercanos. Un ejemplo es el que tuvo lugar el 28 de noviembre, cuando no se sirvió la cena a los residentes hasta pasada la medianoche. Fiscalía apunta que en aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed.
Otra de las irregularidades manifestadas es la delincumplimiento del protocolo estricto de visitas de familiares. No se controlaban, asegura el fiscal, quien también indica que había familiares con «ciertos privilegios» porque las visitas no se supervisaban ni se realizaban de forma equitativa.
Familiares tuvieron que recuperar cadáveres por sus propios medios
En la denuncia se afirma que los familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos, fueron informados de que se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían fallecido y otros no se les avisaba de que su familiar había fallecido. No había un protocolo de defunción y esto ocasionó, según la Fiscalía, que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio o voluntarios de la residencia.
Otros, incluso, tuvieron que ir al centro y buscar a sus familiares entre las habitaciones donde había muertos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus «propios medios».
La residencia se ha defendido en un comunicado, haciendo referencia a que la Generalitat se presentó en el centro el 21 de noviembre, y que el 26 «quedó bajo el exclusivo control» de Salud. El geriátrico añade que, antes de ser intervenido, «cuando estalló el primer contagio en noviembre de 2020 había pasado todos los controles», obteniendo la clasificación de Residencia Verde de la Generalitat.
