Vivir en un espacio que antes había sido un establecimiento comercial. Es la realidad que habita silenciosamente las calles de Barcelona a raíz de los precios de los alquileres de la vivienda. Un fenómeno que salió a la luz tras el incendio mortal en la plaza Tetuán el pasado noviembre, que provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años y un bebé de un año. Hasta el día de hoy, el Ayuntamiento ha realizado sólo un estudio sobre los locales que hay en la ciudad y no ha podido concretar cifras sobre el número de personas residiendo en estos espacios. Aunque el consistorio tiene constancia de empadronamientos en plantas bajas, el fenómeno es ilegal en la mayoría de casos.
Los últimos datos oficiales de que dispone el ayuntamiento del año 2019 ponen sobre la mesa que en este período hasta un 23% de los locales no tenían ninguna actividad económica aparente. Dentro de este porcentaje el margen es amplio: se pueden encontrar desde garajes hasta almacenes, trasteros y, por supuesto, viviendas particulares. Una decisión que deben adoptar personas individuales y familias con criaturas ante la imposibilidad de conseguir un piso asequible.
Mari Carmen Clavijo tiene 54 años y casi lleva tres viviendo en un local alquilado del distrito de Sant Andreu. Vive con su hijo, su hermana y su sobrina. Ella está empadronada en el local, pero los demás convivientes se han tenido que empadronar en otro sitio. En su caso, los precios de los alquileres de los pisos le impulsó a tomar la decisión. «Pude llegar a pagar esto, no me pidieron tantos requisitos como para un piso», admite.
Clavijo, nacida en Bolivia, expresa que dentro de las actuales circunstancias se siente afortunada. Su local es suficientemente espacioso para vivir con otras tres personas, explica. Sin embargo, admite que el hecho de que no haya habitaciones con puertas es un inconveniente en lo que respecta a la intimidad. «Para ir de una zona del local a otra hay que pasar necesariamente por dónde yo duermo», relata. Durante el tiempo que suma viviendo, también ha tenido problemas con la humedad, así como con la estructura del local, que en ocasiones ha presentado deficiencias debido a su antigüedad.
La legalidad del asunto
El local en el que vive Clavijo no dispone de la cédula de habitabilidad, el requisito legal para que sea un sitio habitable. La exigencia pretende demostrar que un espacio presenta unos mínimos de ventilación, altura, tamaño y accesibilidad para que pueda vivirse. En este sentido, explica que el propietario le informó de que se podía tramitar. Ella dice que no lo ha hecho porque tiene intención de irse a un piso, aunque en realidad no se trata de una responsabilidad suya. Los propietarios deben realizar el trámite antes de ofrecer un contrato para cumplir con la ley.
Vivir en un local comercial no es legal. La abogada especializada en contratos de alquiler, Ivette Torrent, detalla que un inmueble debe tener la cédula de habitabilidad para utilizarse como vivienda. Torrent tiene constancia de que se alquilan espacios sin disponer de la cédula de forma habitual. De hecho, en muchos casos los contratos no se presentan como contratos de vivienda por esquivar su requisito. En esta línea, dado que de entrada no se trata de espacios legales, los propietarios suelen infringir también con las cláusulas del contrato. La abogada afirma que, al situarlos fuera del ámbito de una vivienda, los espacios no están sujetos a la ley de arrendamientos urbanos y, por tanto, los propietarios pueden hacer exigencias ilegales a los inquilinos tales como ordenarles pagar tres meses de fianza.
La resignación de la infravivienda
Pese a las prácticas irregulares de los propietarios, Torrent asegura que siempre hay personas que aceptan este tipo de contratos. Las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema no revisan el contrato para comprobar la legalidad de las cláusulas, por lo que se dan casos, por ejemplo, en los que los inquilinos pagan tres meses de fianza. En términos generales, Torrent considera que el sector aprovecha cualquier debilidad de los inquilinos para sacarle beneficios.
Locales comerciales vacíos en pleno centro de Barcelona. Foto: Helena Margarit
Desde la PAH ven con buenos ojos vivir en un local comercial siempre que disponga de la cédula de habitabilidad y, por tanto, sea habitable. El portavoz de la plataforma, Santi Mas de Xaxàs, cree que los locales que tengan cédula deben ponerse a disposición tanto del mercado como de la ciudadanía más vulnerable. Sin embargo, opina que las instituciones no pueden tomar únicamente esta medida, sino que también debenaumentar el parque de vivienda pública para atender a las personas sin recursos económicos.
La falta de vivienda pública
El portavoz lamenta que la oferta pública no sea suficiente para atender a las personas en situación de pobreza extrema y que las familias se vean obligadas a ocupar locales comerciales en condiciones indignas. «En cualquier otro país de la UE estarían viviendo en una vivienda pública», denuncia. Mas manifiesta que ninguna institución se ocupa de dar respuesta a las familias en este tipo de situaciones, por lo que no tienen otra salida. «Continuarán ocupando locales en mal estado hasta que no haya una solución al problema de la vivienda», sentencia el activista.
