Más de un centenar de viticultores se han movilizado este jueves con sus tractores en Vilafranca del Penedès con una marcha lenta. Convocados por Unió de Pagesos, han querido denunciar la «miseria» que cobran por cada kilo de uva que vienen a los elaboradores de vino y cava, especialmente a las grandes industrias. «Deberíamos cobrar un mínimo de 0,50 euros por cubrir costes, y nos hacen vender el kilo por debajo de los 0,35», recordó el responsable de la Viña y el Vino en Unió de Pagesos, Josep Marrugat. El sindicato culpa sobre todo Freixenet, e insta a toda la industria a revalorizar la uva para garantizar el futuro del sector. En este conflicto de intereses, UP también quiere que la Generalitat «se moje» para conseguir una subida de precios.
Bajo el lema «El campesinado dice lo suficiente», los viticultores del Penedès se han sumado a la muchedumbre de protestas convocadas por Unió de Pagesos en todo el territorio. En el caso de la viña, el sector alzó la voz con una tractorada que paralizó durante una hora el tráfico del centro de Vilafranca. La marcha ha terminado ante la sede delINCAVI (Instituto Catalán de la Viña y el Vino), en las afueras del municipio.
Con la lenta marcha de este jueves, los viticultores exigen un aumento del precio de la uva que se ajuste a la defensa del paisaje que hacen tanto las grandes empresas vinícolas como las administraciones. «No basta con que se llenen la boca con la calidad del paisaje mientras hay miseria entre los campesinos que cultivamos las uvas», criticó Josep Marrugat, quien exigió a la Generalitat que propicie un «desarrollador» y » se imponga» para resolver la situación.
Marrugat recordó que los precios que actualmente pagan las bodegas no llegan a cubrir los costes de producción, «y eso no se puede aguantar porque los gastos están aumentando constantemente». En este sentido, recalcó que los agricultores reciben menos de un 10% del precio de la botella de vino que paga el consumidor en la tienda. La cifra, aseguró, «no llega ni al 5%» en el caso de los vinos servidos en los restaurantes. «Esto es muy triste y miserable», aseveró.
Unió de Pagesos culpa a cuatro grandes empresas de haber provocado esta situación. Señala directamente Bodegas Torres, García Carrión, Reventós Codorníu y Henkell Freixenet, pero la crítica más contundente es contra este último grupo. El sindicato recuerda que esta cavista gestiona el 50% del negocio de los viticultores, bien sea comprando kilos de uva como vino a raudales, y asegura que los precios que marca -0,30 euros de media- acaban condicionando todo el sector.
«Hay empresas que están tirando el carro a la hora de fijar precios bajos, pero todo el resto de bodegas se ha añadido y nadie se desmarca», reprocha Marrugat, que asegura que todo el sector «se aprovecha de la coyuntura por pagar menos, aunque sean pequeñas bodegas con diferentes reputaciones».
El sindicato insiste en pedir al INCAVI que intervenga, al tiempo que le extiende la mano para buscar una solución conjunta «porque seguro que las grandes empresas acusarán a la Generalitat de intervencionismo, y eso es inadmisible». «Es necesario un arbitraje que acabe con esta explotación que padecemos de la agroindustria», añade Marrugat.
La Generalitat pide un «compromiso» del sector
Tras la protesta, los representantes de los viticultores entregaron un manifiesto a la directora general del INCAVI, Alba Balcells, y al director de los Servicios Territoriales de Acción Climática, Josep Pena. Fuentes de la Generalitat apuntaron al ACN que la administración «reafirma su apoyo» a los campesinos a la hora de defender una subida de precios de la uva.
Desde el Departamento de Acción Climática insisten en pedir un «compromiso» a todos los agentes del sector vinícola y recuerdan que la Generalitat tiene poco margen legal a la hora de actuar en la regulación de precios. Defienden que trabajen para crear el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde se publicarán los costes medios de producción de la uva para dotar al sector de más «transparencia» e instar a las empresas a pagar en base a estas tablas de gastos.
El Departamento también asegura que en 2022 intensificará los controles para favorecer que los agricultores cobran, como mínimo, un precio que garantice los costes de producción. Por último, el Gobierno asegura que, dentro del Código de Buenas Prácticas Comerciales, trabajará para definir los criterios a tener en cuenta a la hora de calcular el coste efectivo de la producción.
