Una revuelta masiva tuvo lugar en el Ayuntamiento de Albacete. El drama fue protagonizado por inmigrantes que vivían en un asentamiento ilegal cercano a la carretera de Peñas. Esto representó un peligro inminente, ya que uno de las personas que vivía allí fue detectado con COVID-19.
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Por el riego de contagio que implica la convivencia, la policía acordonó el espacio.
En el proceso se confirmaron 21 personas con la enfermedad respiratoria y se verificó que las condiciones sanitarias no son las más adecuadas para la vida diaria. Sin embargo, el problema empeoró cuando los inmigrantes se amotinaron.
Motín y riego de contagio
Son más 500 inmigrantes los que reaccionaron saltando las restricciones policiales impuestos para el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios ante la pandemia de COVID-19. Estos temporeros, relacionados con el trabajo eventual en la recolección de cosechas, estaban en un asentamiento ilegal.
[anuncio_b30 id=1]El altercado se tornó algo violento. Inclusive, terminó con algunos daños a la propiedad privada, siendo los hoteles y establecimientos comerciales cercanos los más afectados. Al final, se ha dado la pacificación de los temporeros, sin que se haya producido algún arresto, según las declaraciones oficiales.
Intervención de la Alcaldía de Albacete
Dada la contaminación del espacio, la alcaldía procedió con la clausura del asentamiento de temporeros, que vivían en situación de hacinamiento. En las declaraciones del alcalde de Albaceres, se denota una posición muy radical, donde no se permitirá que “centenares de personas vivan en la inmundicia”.
La autoridad local dijo estar gestionando la adecuación de algunos espacios dignos, apropiados para la convivencia y donde se puedan implementar las medidas mínimas de seguridad ante la coyuntura que busca frenar la expansión del nuevo coronavirus.
Asimismo, se está realizando la articulación con la Consejería de Sanidad y demás organismos con competencia, pero también con asociación de Hostelería y Turismo en busca de solución definitiva para ponerle coto a estos asentamientos ilegales, conocido por las comunidades desde hace varios años.
Por otro lado, Emilio Sáez agradece a los diferentes colectivos, con énfasis a al colectivo Cáritas, que hicieron un llamado a la calma y a la resolución pacífica de los conflictos. Es un problema estructural que debe atenderse con la participación de todos los sectores y evitar que se repita, por el bien de la población en general.
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