Desde estamentos científicos y ciudadanos se hace difícil comprender la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de anular la zona de bajas emisiones (ZBE); va en sentido contrario de las regulaciones europeas, las indicaciones de la OMS y el consenso científico. La contaminación atmosférica no se ve, pero es dañina; sus efectos se miden y permiten afirmar que por su causa mueren muchas personas especialmente en ciudades.
Con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, en 2008 se aprobó la directiva europea sobre la calidad del aire, que dio hasta 2010 para cumplir los niveles de dióxido de carbono admitidos por la UE: 40 mgr/m3 de NO2 de media al año (superiores a los que recomienda la OMS). Dado que la principal fuente de emisión de NO2 son coches, camiones y motos —en especial los vehículos diésel—, la normativa iba a favor de reducir la libre circulación de coches en las ciudades europeas, lo que mejoraría el también nocivo ruido urbano.
En las ciudades españolas no se cumplía la normativa de calidad del aire, por eso la UE en 2015 determinó que multaría a España si persistía el incumplimiento. Como en 2018 Ahora Madrid estableció la zona de exclusión central de buena parte del tráfico y Barcelona en común estableció las supermanzanas y la ZBE en 2020, sin que ningún grupo votara en contra; en mayo de 2018, se congeló el expediente sancionador de la UE. Ahora bien, al llegar el Partido Popular a la alcaldía de Madrid revocó parte de Madrid Central, y ahora el TSJC revoca a la ZBE de Barcelona.
La valoración de la ZBE de Barcelona se hace difícil por sí, al coincidir con las restricciones de circulación por la pandemia, cuando todavía no se han recuperado los niveles anteriores. Pero las estimas, con datos de 2021, reflejan una reducción de las concentraciones de contaminantes un 11% de media (el doble en el Eixample); por lo que sehan ahorrado 125 muertes prematuras y 110 casos de asma infantil. La valoración de Madrid Central también fue buena, pero tras la supresión parcial, ahora encabeza el ranking de zona metropolitana con mayores muertes evitables por la contaminación de NO2, según ISGlobal.
Por eso más de un centenar de profesionales del ámbito de la calidad ambiental y de la salud de diversas instituciones y asociaciones académicas, sanitarias y de salud pública han firmado un posicionamiento conjunto en relación con la sentencia sobre la ZBE donde exponen las razones científicas por las que consideran que la sentencia del TSJC lesiona en serio el derecho a la salud ya respirar un aire limpio de la población de Barcelona y el área metropolitana. También los consistorios de París, Londres, Milán y Roma han manifestado el apoyo a la ZBE.
La contaminación es un grave problema de salud pública que requiere medidas estructurales contundentes, permanentes y basadas en la evidencia científica para proteger la salud de las personas, siguen a los profesionales firmantes del manifiesto, y concluyen que la ZBE es una intervención en la dirección correcta, ampliamente aceptada por la Europa urbana como medida para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia ciudades más saludables. Mejorar la calidad del aire constituye un pilar fundamental en la agenda de todas las administraciones públicas.
Ciertamente es necesario desplegar estrategias que favorezcan la transición. Un transporte público de ámbito metropolitano, el que utilizan las personas con menos recursos y que, por tanto, tienen menos vehículos; una buena aportación es la conexión del tranvía por la diagonal. Favorecer la movilidad activa con supermanzanas, carriles bici, aceras más anchas —especialmente cerca de escuelas—, renaturalizar espacios para que podamos tener corredores lo más verdes posibles. También el peaje urbano, como han hecho otras ciudades europeas. Todo lo necesario para reducir el tráfico y mejorar la salud.
En todas las ciudades en las que se ha restringido la circulación de vehículos, los conductores más militantes se han rebelado ante la pérdida de espacio. Ha pasado en Londres con el peaje, en París al liberar coches en la orilla del Sena… va en contra de determinadas «libertades». Ha habido casos de ilegalidad; recordemos el escándalo de los fabricantes de vehículos diésel que habían escondido una emisión de gases más contaminantes de lo que marcaban sus etiquetas -el dieselgate. Pero la pérdida de libertad al llevar el cinturón de seguridad ahorra muchas vidas.
La Unión Europea ha establecido que las ciudades de más de 50.000 habitantes en 2023 (el próximo año) tengan una ZBE, así como las de más de 20.000 habitantes donde la calidad del aire no sea buena. Hay que tener en cuenta que los nuevos límites para los gases contaminantes son menores: 10 mgr/m3 de NO2 de media al año. Si no se pueden implantar medidas legales de protección de la salud de los ciudadanos, ¿aquí qué haremos? ¿Nos mantendremos fuera de la legalidad europea? ¿Seguirán teniendo prioridad los vehículos motorizados frente a la salud de nuestros pulmones? ¿Seguirá siendo Barcelona el enorme parking que esconde la ciudad? ¿No podemos aspirar a tener una ciudad con niveles aceptables de contaminación? ¿No podemos aspirar a una ciudad amable con los ciudadanos?
